Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados salvo Vox respaldaron el pasado 9 de abril la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización extraordinaria de las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España con residencia anterior al 1 de noviembre de 2021. Según sus promotores, esta proposición beneficiará a casi medio millón de personas, e insta al Gobierno a aprobar un real decreto para hacer posible dicha regularización. Esta iniciativa se registró en el Congreso el 24 de febrero de 2023, pero el trámite parlamentario se paralizó por la convocatoria de elecciones generales. Se ha retomado en esta legislatura, ya que las ILP son las únicas iniciativas que no decaen cuando se disuelven las Cortes.
La propuesta, que avalaron 611.821 firmas presentadas ante la Junta Electoral Central en 2022, fue impulsada por la Plataforma Esenciales, que apoyaban unas 900 organizaciones de personas migrantes, defensoras de derechos humanos, entidades de la Iglesia, sindicatos, etc. Hasta 80 ayuntamientos como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz y el Parlamento vasco avalaron también la ILP.
Los representantes de BNG, Podemos, Sumar y ERC se mostraron claramente a favor de la ILP y aseguraron compartir sus demandas, mientras que los portavoces de PSOE y PNV apoyaron la admisión a trámite, aunque anunciaron que la enmendarán.
También la portavoz del PP, Sofía Acedo, respaldó la tramitación, aunque con el objetivo de “abrir el debate” y “porque Cáritas y los empleadores nos lo han pedido”. Según aseguró Acedo en la fijación de posiciones, la regularización que esta ILP propone solo podría llevarse a cabo mediante ley orgánica. Por ello, valoró que el objetivo real de esta iniciativa “es traer el debate a la Cámara”, propósito que aseguró compartir. Acusó al Ejecutivo de ocultar los datos sobre el número real de personas en situación irregular y sus causas, que “son muy variadas”.
Por su parte, la portavoz de Vox sobre Inmigración, Rocío de Mer, alertó del “efecto llamada” de las regularizaciones extraordinarias, que en su opinión, “favorecen a las mafias”.
La portavoz del PSOE en la Comisión de Inclusión, Elisa Garrido, apuntó la necesidad de “combatir estos discursos racistas” entre los motivos por los que “debemos admitir a trámite” esta iniciativa. Los otros tienen que ver con “el trabajo de todas las personas que la han promovido” y con la exigencia de “diálogo y escucha”. Con todo, recalcó que “será preciso negociar” y adaptar la propuesta a la normativa española y de la UE, cuyo Pacto de Inmigración y Asilo se aprobó en el Parlamento Europeo.
Distribución de menores no acompañados
Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado ultimaron el 22 de abril el acuerdo para la distribución de los menores no acompañados entre todos los territorios y se emplazaron a definir en un plazo de 15 días la fórmula si será vía real decreto ley como defiende el Gobierno de Canarias, que podría resolver en el plazo de un mes el colapso de la red de acogida en las Islas que alberga ahora mismo a 5.477 menores, o proposición de ley como propone el Estado, y que alargaría la situación mínimo tres meses. Esta es una de las diferencias que mantienen ambos Gobiernos, según trasladó el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que también intervinieron vía telemática, las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz.
El acuerdo alcanzado se aplicará solo a los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, es decir, en estos momentos a Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que sí se ha confirmado es que en todo caso supondría la salida de las Islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses.
